No deja de extrañarme cómo es posible que gente autocalificada de izquierdas pueda estar de acuerdo con el ya famoso Manifiesto por la lengua común. Desde mi punto de vista este documento rezuma por todos los poros el nacionalismo español más reaccionario y recuerda sin remedio a la época de los coros y danzas.
1-Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas –el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen.
Lo que están diciendo es que la única lengua que todos, incluidos los habitantes de las regiones bilingües, tienen la obligación de conocer es el castellano. ¿Por qué? Según esto las demás lenguas deben resignarse a ser a un “patrimonio compartido” término que podría admitir muchas interpretaciones pero que por el contexto de todo el manifiesto mucho me temo que exprese una reducción a patrimonio cultural, como los bailes regionales, la paella, las procesiones de Semana Santa y el Asturias patria querida.
2-Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas.
Efectivamente, estoy de acuerdo en que son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, la cuestión es cómo se garantizan esos derechos. Si un individuo quiere ejercer el derecho de vivir en una lengua que además es oficial en su territorio tendrá que garantizarse que todos los aspectos de la vida de esa persona puedan realizarse en ese idioma. Cuidado que no estoy hablando de la imposición indiscriminada de una lengua, yo no puedo irme a vivir a Inglaterra y ejercer mi derecho de hablar francés, estamos hablando de territorios con dos o más lenguas OFICIALES por lo que todos los habitantes deberían tener la obligación de conocerlas. ¿O es que esto es la ley del embudo? Es lo que dice la siguiente premisa:
3-En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua co-oficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta.
De modo que sí hay obligación de conocer una de las lengua oficiales, la española, pero no la otra, que se reduce a “un deseo encomiable”. Por tanto ya están anulando mi derecho lingüístico de ciudadano obligándome a conocer el español en una contradicción flagrante. Como ciudadano del estado español tengo la obligación de conocer este idioma, es decir, es el territorio en el que habito el que condiciona mi lengua y no al revés. Absurdo, sobre todo tratándose de territorios con DOS lenguas OFICIALES. Es decir, cuando se trata del castellano, si es el territorio y la lengua misma la que tiene derechos.
Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella.
También es lógico pensar que habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en las otras lenguas del Estado, y de hecho hay cientos de miles, conociendo el castellano lo suficiente como para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de sus manifestaciones culturales. En realidad la disparidad entre estos dos deseos es abismal. Es imposible que en ninguna de las comunidades bilingües un ciudadano desarrolle su vida en la lengua minoritaria: Cine, TV, desconocimiento de la lengua minoritaria por parte de un amplio porcentaje de sus relaciones personales y laborales, medios de comunicación, y un largo etc.
Y volvemos nuevamente a lo que parece todo el leit motiv del manifiesto y su mayor contradicción: la reducción de las lenguas a su aspecto folklórico-cultural. Si no se estimula convenientemente el uso de un idioma que se ha convertido en minoritario por imposición política y factores sociales externos (como la inmigración a Euskadi y Cataluña desde los años 50) y no se implementan convenientemente las condiciones para que todos, TODOS, los habitantes de esa región puedan conocer y utilizar indistintamente las dos o más lenguas de su territorio vital, los aspectos culturales de esas lenguas desaparecerán con ellas. Y no estoy diciendo ninguna tontería. Según el informe de la UNESCO sobre lenguas, en España las únicas que no corren peligro son el castellano y el catalán, este último por pura cuestión numérica. Resumiendo, si no se discrimina positivamente al catalán el vasco, el gallego, etc. estos desaparecerán y por tanto no habrá manifestaciones culturales que “disfrutar”. A algunos les escandaliza eso de la discriminación positiva cuando se refiere a los idiomas, no importa que al mismo tiempo les resulte fantástico que se establezcan leyes que favorezcan la igualdad de la mujer, la integración de los inmigrantes, e incluso que se discrimine a un sexo por encima del otro en leyes como la de la violencia de género.
Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.
Bueno, un 15% de la población de Cataluña no tiene como lengua materna ni el castellano ni el catalán. Se supone que muchos de ellos forman parte de los estratos sociales “más desfavorecidos” lo que no ha recortado en absoluto sus alternativas laborales y de movilidad. Además hablan de la normalización lingüística como “imposiciones abusivas” sin darse cuenta de que todo este manifiesto expresa la histórica imposición abusiva del castellano sobre las lenguas minoritarias de Estado.
4-Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que “las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.
Esta última premisa ya es delirante. Volvemos a la mención de patrimonio cultural, y añaden además, cómo se les ve el plumero, que esta protección es “generosa”, como si fuera una gracia que concede el estado central a los pobres hablantes de otras lenguas que no sean el castellano y que básicamente sirve para acabar con su prohibición, no para estimularlas. Evidentemente si el objetivo era que no permanecieran prohibidas, éste se ha “cumplido sobradamente”. Además, no creo que en comunidades con varias lenguas OFICIALES deba haber ciudadanos monolingües y si es así, los individuos, que son los que tienen los derechos lingüísticos podrán decidir, digo yo, qué única lengua quieren adoptar como propia. Pero no, como individuos tenemos derecho a decidir la lengua, pero la obligación de conocer el castellano. ¿Otra vez la ley del embudo?
Finalmente, a partir de las premisas se llega a unas conclusiones, como no podía ser menos. Lo curioso es que estas conclusiones no me parecen tan descabelladas, pero es que da la sensación de que no tienen nada que ver con el punto de partida expresado en todo lo anterior.
1-La lengua castellana es común y oficial a todo el territorio nacional.
2-Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua castellana (y en la co-oficial en cada comunidad habría que añadir)
3-En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales.
4-La rotulación de los edificios oficiales y de las vías públicas, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc. en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües.
5-Los representantes políticos, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana.
Lecturas recomendadas:
Los hablantes de euskera que decidieron no serlo
La lengua: desafío de la democracia española
